¿Por qué castiga el SERVEF a los Centros Especiales de Empleo?

Los indicios, parámetros y hasta los voceros interesados anuncian “el fin de la crisis”. Y, sin duda, con las correspondientes matizaciones, todo apunta a un repunte de nuestra economía con los consiguientes beneficios no solo para las grandes corporaciones –como en todas las crisis–, sino para el conjunto del entramado empresarial y, por deducido, para la clase trabajadora que, en estos momentos, y a pesar de la precarización salarial y la efímera duración de los contratos, encuentra mayores oportunidades en el mercado laboral.

Si a lo antedicho añadimos el período vacacional que estamos viviendo en estos momentos, donde el sector servicios –fundamentalmente basados en la hostelería y la restauración– se dispara con la contratación temporal de miles de personas, al lógico fin de abastecer la demanda de los millones de turistas que nos visitan, el escenario es positivista. De rebote, y como todos sabemos, otros sectores de nuestra economía se ven beneficiados por este movimiento económico que se traduce en un mayor consumo de bienes favoreciendo asimismo la productividad en su conjunto.

En este contexto, las administraciones públicas tienen el sagrado deber, la ineludible responsabilidad, de aplicar las herramientas necesarias a su alcance (inversiones públicas, políticas de fomento de empleo, ayudas a sectores productivos de mayor ralentización, exención de algunos impuestos a emprendedores, etc.) que animen y den confianza a la sociedad civil para el “movimiento del dinero” y la inversión, lo que debería traducirse en una mayor contratación laboral más sostenible en el tiempo y salarialmente.

Pero, precisamente, cuando todo indica que todo puede ir a mejor, no es entendible que un sector que ha soportado, contra viento y marea, la terrible crisis que estamos pasando o hemos pasado, como son los centros especiales de empleo, empresas de protección social laboral para las personas con discapacidad, que dan trabajo a 7.000 personas en nuestra Comunidad, intenten ser machacadas, masacradas, por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) con una política de asfixia económica a la tesorería de estos centros que, al final, terminarán descapitalizados y como primera y gravísima consecuencia, cerrando sus puertas.

Pero si no es entendible este acoso a los centros especiales de empleo, con repetidas y falsas promesas incumplidas de pago, en un marco económico que no termina de alcanzar el punto de suflé que todos desearíamos para un arranque definitivo de nuestra economía, menos entendemos desde AGEVALCEE (agrupación patronal valenciana de los centros especiales de empleo) que la propia Administración autonómica haga oídos sordos a un mandato de nuestra máxima institución de autogobierno, Les Corts Valencianes, de donde emana el poder popular, cuando se aprobaba recientemente una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y apoyada por el resto de grupos de la cámara, para adelantar el pago a todos los centros especiales de empleo, incluidos los 28 centros que el SERVEF había decidido dejar al margen de esos pagos.

Incumpliendo sistemáticamente con las responsabilidades y deberes de gobierno, e incumpliendo las promesas realizadas, como las que se recibieron en Presidencia de la Generalitat por responsables del SERVEF y un representante del President del Consell, ante los líderes del sector de la discapacidad, al finalizar la manifestación del pasado día 7 de abril, convocada por el CERMI Comunidad Valenciana en defensa del trabajo de las personas con discapacidad, no se va a ninguna parte. O sí, al precipicio laboral de 7.000 personas (más la consecuencias para sus familias) que difícilmente van a ser absorbidas por el mercado ordinario.

Una cosa es rescatar personas, según dicen responsables del actual gobierno y otra muy distinta, de seguir así, es condenarlas al paro laboral. No se entiende porqué el SERVEF castiga a los centros especiales de empleo.

Juan José Serrano Jiménez

Presidente de AGEVALCEE

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